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Alarma aumento de violencia familiar

En Cipolletti, según datos de la Justicia, se incrementó en un 15% la cantidad de denuncias, al comparar el año pasado con el 2010. En uno de cada cuatro casos, la víctima es un niño.

Pese a esta situación, esta ciudad está muy por debajo de los casos que se denuncian en Bariloche, Roca y Viedma.
 
Los casos de violencia familiar aumentaron el último año en Cipolletti y en uno de cada cuatro hechos la víctima es un niño o una niña. Las estadísticas dan cuenta de la existencia de un 15 por ciento más de denuncias en los Juzgados de Familia sobre situaciones de daño psíquico o físico, maltrato o abuso por parte de algún integrante del grupo familiar conviviente, recurriendo a la Ley 3.040.
En Río Negro, estas denuncias sumaron 2.401 expedientes el año pasado. El índice más alto en la provincia lo tienen los juzgados de Bariloche. Allí, fueron iniciadas 722 causas por violencia familiar. Le siguen Roca con 608 expedientes, Viedma con 550 y Cipolletti con 329, un 15% más que en 2010.
El crecimiento de los casos se mantiene este año, porque en enero en la ciudad hubo 73 denuncias, contra 60 en igual período de 2010.
Los datos vertidos forman parte del informe anual del Poder Judicial que está en elaboración y se presentará en junio, como todos los años, ante la Legislatura Provincial.
En el último informe anual, que todavía está vigente y lleva la firma del presidente del Superior Tribunal, Víctor Sodero Nievas, se hace un análisis del trabajo de los Juzgados locales de Familia. Se trata del número 5, a cargo de Patricia Cladera de Rey y el 7, encabezado por María Alicia Favot.
 
Sólo una asistente social
El dato más negativo, entre todos, es la existencia de una sola asistente social que trabaja con todos los casos y está designada en el Juzgado 7, pero asiste también las causas del 5.
El vocal del STJ habla de “serias deficiencias de implementación de los organismos responsables del tratamiento de violencia familiar por falta de turnos, de personal especializado, de lugares de tratamiento”.
También en el informe se reitera la necesidad de contar con equipos técnicos auxiliares propios para este juzgado y designar funcionarios.
Dice que en el Juzgado 5 faltan computadoras, ventilación, no existe un lugar adecuado para tomar las declaraciones de las víctimas, ni un ámbito para que la consejera de familia pueda realizar las audiencias con privacidad.
El pedido de Sodero Nievas a la Superintendencia incluyó el reclamo por más capacitación en informática para el personal, revisar el sistema Lex Doctor porque “habilita la formación de incidentes”, y hasta de más computadoras y escritorios.
Entre las menciones positivas, el vocal del STJ consignó la predisposición del personal.
 
Alivio
En el Juzgado 7 el panorama mejoró por la descompresión generada por la creación del otro juzgado, en octubre de 2009.
“Eso permitió revisar trámites que estaban pendientes y con resultados más eficaces y mejor comunicación con las instituciones que intervienen en el abordaje de los casos de Familia”, apunta en el informe elaborado por el máximo tribunal de Justicia.

Qué dice la ley

La Ley 3.040, denominada hoy “de protección integral contra la violencia en el ámbito de las relaciones intrafamiliares”, fue sancionada en 1996 en Río Negro y resultó de vanguardia. Fue modificada hasta llegar al texto consolidado en el que se  establece cómo debe proceder el Estado cuando se presenta un caso de violencia familiar.
Por violencia se entiende el golpe físico, pero también ataques de tipo psicológico, emocional, sexual, económico que afecta a cónyuges, ancianos, niños y niñas, y personas con discapacidad.
Según esta ley, el Estado garantiza que adoptará medidas de prevención, protección y asistencia que sean oportunas y adecuadas, el acceso efectivo a los procedimientos administrativos y judiciales de esta ley, y la acción judicial que corresponda.
Las denuncias pueden ser hechas por la víctima o por terceros en la comisaría, los Juzgados de Familia, los hospitales, las escuelas, todas las instituciones o ante cualquier agente público.

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