Sube la tensión entre el Gobierno y la empresa Edersa

El EPRE intimó a la firma: o paga la deuda en 5 días o le quitan las acciones.

Edersa podría perder la concesión de la distribución de la energía si no le paga la deuda a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) durante la próxima semana. El Entre Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), a instancias del Ejecutivo, intimó a la regularización de la deuda bajo la amenaza de ejecutar la prenda que pesa sobre las acciones de clase A, es decir, aquellas que garantizan el control de la compañía.

La intimación tensa aún más la cuerda entre el Gobierno y la empresa. Semanas atrás, Alberto Weretilneck había cuestionado la calidad del servicio y, poco después, el EPRE aplicó una multa millonaria por los reiterados cortes de suministro. Desde la otra vereda, la distribuidora insistió en la necesidad de un aumento tarifario. Los cruces no parecen casuales: antes de fin de año debe definirse un nuevo cuadro de costos, audiencia pública mediante, que podría disparar los montos que pagan los usuarios, tanto residenciales como comerciales o industriales.

“La situación de morosidad compromete la sustentabilidad del servicio eléctrico, en la medida en que la falta de pago puede dar lugar a restricciones de parte de Cammesa e incluso, en un caso extremo, conducirán a su suspensión”, esgrimió el Gobierno. En la carta de intimación, presentada el viernes con un plazo máximo de cinco días para su ejecución, además se cuestionó que mientras no pagó la energía, “Edersa ha percibido regularmente de los usuarios los importes para sufragar ese rubro”.

En detalle
Cuentas en rojo por la compra de energía

El EPRE no obtuvo respuestas de la firma sobre el monto adeudado por Edersa a la cámara del mercado mayorista de energía. Sin embargo, según la entidad, entre enero de 2014 y agosto de este año, Edersa adeuda $330.269.710 por la compra de electricidad. Y además existe un pasivo por operaciones posteriores a dicha fecha de $117.619.324,42.

Esa deuda, denunció el Gobierno, pone en riesgo la implementación de los programas sociales para que las tarifas de usuarios domiciliarios tengan subsidios.

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