Se reactivó la ola de cierre de comercios cipoleños

Las abultadas multas y recategorizaciones retroactivas que impone la AFIP son un certificado de defunción para muchos comercios cipoleños. Sin ir más lejos, un minimercado del barrio San Pablo bajó el jueves la persiana y su dueño, sumido en la depresión, no se puede levantar de la cama. Él tiene que pagar alrededor de $900.000, entre una cosa y otra, si quiere seguir trabajando.

En una multitudinaria reunión convocada por la Cámara de Comercio e Industria local, alrededor de 70 comerciantes compartieron la desesperante situación y acordaron llevar su reclamo ante Nación para dar marcha atrás con las nuevas exigencias que impone el organismo y que dejan a muchos a un paso de bajar la persiana.

Según informó el titular de la CIC, José Luis Bunter, le pedirán a la senadora nacional Magdalena Odarda que plasme su reclamo en un proyecto de ley, mientras tocan otras puertas y mueven otros contactos con llegada a Nación, como el diputado nacional de Cambiemos, Sergio Wisky.

“No estamos en contra de los controles ni de las multas, pero sí de las recategorizaciones retroactivas (a uno y dos años). Lo que nosotros no queremos es que cierren los comercios”, sostuvo Bunter.

Aclaró que no fue “por capricho o picardía” que los comerciantes no pasaron de monotributistas a responsables inscriptos, sino por “un total desconocimiento”, y sostuvo: “Yo entiendo que la ley es la ley, pero en este contexto, el gobierno nacional tiene que dar un mensaje esperanzador. El comerciante cipoleño siente una gran impotencia, porque esto los destruye”.

Muchos de los comerciantes perjudicados han sido la cara visible de compras comunitarias que realizaron con otros para adquirir pallets de mercadería en mayoristas que luego se repartían.

“Yo entiendo que la ley es la ley, pero en este contexto el gobierno nacional tiene que dar un mensaje esperanzador. El comerciante cipoleño siente una gran impotencia porque esto los destruye”. “No fue por capricho o picardía que los comerciantes no pasaron de monotributistas a responsables inscriptos, sino por un total desconocimiento”. José Luis Bunter. Presidente de la CIC

70 comercios están tambaleando en la ciudad, a punto de cerrar por las exigencias de AFIP.

Como le ocurrió al mercadito del San Pablo, hay otra fiambrería sobre la calle Esquiú que tambalea, ya que se tiene que poner con $480.000 si quiere seguir adelante. “No fue que nos hicimos los tontos, fue por un mal asesoramiento contable, lo que más me frustra. Y todavía no lo puedo entender. Siempre hemos sido prolijos, no estamos en deuda con nadie, todo ha sido con mucho sacrificio, sin feriados, sin vacaciones y muchas horas de trabajo”, comentó Any, una de las perjudicadas.

Junto con su marido, abrió un minimercado en el barrio San Pablo hace dos años, y tras la inspección de la AFIP, él cayó en depresión y ella se quedó sola para levantar la persiana del comercio.

“Tengo a mi marido tirado en la cama y alguien tiene que abrir. Vivimos de esto y tenemos un hijo estudiando. Si no se tiene en cuenta esta situación, que fue por desconocimiento, que no podemos pagar tanto dinero, vamos a tener que cerrar de manera definitiva y salir a buscar trabajo no sé dónde, porque no está fácil”, concluyó la vecina.

En su caso, el organismo nacional le exige que pague el IVA de toda la mercadería que compró en un año, a razón de $1.080.000. Son alrededor de $400.000, más la multa y otros impuestos que elevan esa suma a $900.000.

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