Reclaman que asesinos al volante vayan a la cárcel

La fiscalía cipoleña quiere poner fin a los beneficios que reciben.

GUSTAVO ARROYO
arroyog@lmneuquen.com.ar

Los accidentes fatales ligados a conductores borrachos o que circulan a alta velocidad son recurrentes y desde la sociedad hay un reclamo firme para que la Justicia castigue con dureza. En ese marco, desde la Fiscalía cipoleña se impulsa un punto final para beneficios como la suspensión del juicio a prueba o los criterios de oportunidad. Asimismo, y más allá de la levedad de las penas, hay intenciones de que los condenados terminen tras las rejas.

Días atrás, un proceso que se inició en el 2015 por la muerte de un joven terminó con una gran indignación de familiares y amigos porque la discusión se limitó al monto de la indemnización. La escena se reitera cuando se trata de accidentes de tránsito y en escasas ocasiones se logra avanzar con figuras jurídicas graves como el homicidio con dolo eventual. En la mayoría de las situaciones, el homicidio culposo se impone y los agravantes de conducir en estado de ebriedad o a velocidades no permitidas quedan en un segundo plano.

Una gran mayoría de causas penales por accidentes fatales deriva en un fallo que castiga al acusado con penas que no son de cumplimiento efectivo.

Quien decidió hacerse eco de lo que pide la comunidad y generar un trabajo de concientización es el fiscal Gustavo Herrera, quien se apoya en leyes nacionales para dejar atrás la liviandad en las penas y no consentir “beneficios procesales como la suspensión de juicio a prueba -probation- o criterios de oportunidad”.

Entre las herramientas que destaca el fiscal coordinador de la Cuarta Circunscripción, se encuentra la ley nacional de tránsito, en su artículo 48, con la prohibición de conducir vehículos con un volumen mayor a 500 miligramos de alcohol por litro de sangre, mientras que en el caso de las motocicletas ese índice se reduce a 200 miligramos. El mismo impedimento legal se contempla para los que conducen bajo los efectos de estupefacientes o medicamentos, que disminuyen sus aptitudes.

Para Herrera, hay que acompañar los esfuerzos de los municipios en identificar a los infractores y el Poder Judicial “debe sancionar este tipo de casos tal como lo dicta la ley.

El Código Penal prevé penas que van de dos a cinco años de prisión, por lo que es posible, de acuerdo con el resultado y las características del caso, que sean de cumplimiento efectivo”.

Indignados porque todo se limita a un arreglo

En la semana que pasó, un juicio oral por la muerte del joven Mauro Calderón, de 20 años, generó una gran indignación de familiares y amigos porque la pena para el acusado fue de tipo condicional y la discusión estuvo centrada en el monto de la indemnización que deben recibir sus deudos. “Es culpable de homicidio y debería ir en cana”, se quejó una de las personas allegadas a la familia de la víctima.

Durante la etapa instructoria, se comprobó que el conductor del auto que chocó a Calderón, quien iba en moto, tenía 1,03 gramos de alcohol en sangre y, además, circulaba con exceso de velocidad.

Procesos de este tipo son habituales y desde la fiscalía se hizo referencia por ejemplo a otro caso, ocurrido en Cinco Saltos en octubre de 2014. La víctima fue un motociclista que, a pesar de tener colocado el casco y cumplir con las normas de tránsito exigidas por la ley, quiso doblar con intenciones de ingresar a una estación de servicio y fue colisionado mortalmente por un Renault Sandero.

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