El trazo de la nueva Ruta 22 dejará a dos familias en la calle

Piden una solución habitacional al IPPV o alguna alternativa a Vialidad Nacional.

Faltando diez días para que la jueza federal Carolina Pandolfi determine la fecha y la condiciones de su desalojo, las dos familias del barrio Tres Luces damnificadas por las obras de ampliación de la Ruta 22 siguen sin respuesta de Vialidad Nacional ni del IPPV rionegrino a su necesidad de una nueva vivienda adonde trasladarse.

Los trabajos carreteros están muy avanzados, en particular la construcción de un nuevo puente en el sector, y obreros y maquinarias hace tiempo que rondan, peligrosamente, las inmediaciones de ambos hogares.

La zozobra y el temor cunden y se acrecienta entre los integrantes de las familias Carrera y Burgos, que tendrán que dejar sus casas. Los 40 días que dispuso Pandolfi para terminar de recabar pruebas y dar a conocer su fallo están por cumplirse y hasta ahora no tienen ninguna solución.

Vialidad Nacional prácticamente se ha desentendido del destino de los damnificados. En algún momento, en el pasado, hasta había impulsado una tasación de las viviendas afectadas para una eventual indemnización, pero ahora únicamente aguarda el desalojo, sin involucrarse en respuesta alguna para los grupos familiares. Sólo espera las condiciones para avanzar con las obras.

Valeria Fernández, jefa de hogar de los Carrera, cuestionó ayer el desinterés de Nación y también criticó al IPPV porque no sale de su postura de otorgarles una casa a futuro, por lo que deberán sí o sí pagar. Se trata de una construcción de 60 metros cuadrados, que el organismo valúa en 700.000 pesos.

“Los Burgos llevan más de 50 años en su vivienda y nosotros, más de 20. Son de nuestra propiedad, por las que tuvimos que trabajar mucho, ¿por qué tenemos que volver a pagar por vivir en techo propio?”, enfatizó.

Hoy por hoy, las familias solamente cuentan con sendos lotes para hacer un nuevo hogar pero no disponen de lugar alguno para habitar de inmediato. Mientras, la Justicia se prepara para decidir sobre su futuro.

“Hasta ahora no tenemos ninguna solución. Esto es angustiante. Ni Vialidad Nacional ni el IPPV nos han dado una solución. Sólo el Municipio está buscando ayudarnos”.Valeria Fernández. Vecina damnificada

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